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Aplicaciones específicas en el sector jurídico europeo

En 1999 se aprobó la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo que establece las directrices de uso de los certificados digitales y abordaba su validez legal. La Directiva establece que una firma digital avanzada equivale legalmente a una firma autógrafa únicamente si se cumplen los requisitos exigibles a las firmas autógrafas.

Esta Directriz estableció el marco para el uso de firmas digitales en el ámbito jurídico, lo que se ha instaurado como una práctica común. En la actualidad este hecho ha llevado a diversas organizaciones independientes a publicar normativas locales que exigen el uso obligatorio de tales firmas digitales. El uso cada vez más extendido de las firmas digitales ha facilitado la encriptación de las comunicaciones electrónicas, lo que ha brindado una excelente solución a los retos de seguridad a los que se enfrenta el ámbito jurídico en la actualidad.

Casos prácticos de clientes - necesidad de generar documentos electrónicos gubernamentales a prueba de manipulaciones, fechados y de fiabilidad pública

Un gran bufete de abogados de Bélgica buscaba una solución que garantizase la gestión eficaz y sencilla del gran volumen de IDs digitales que necesitaban en la organización tras la implantación de la resolución del Departamento de abogados de habla francesa y alemana (Barreau des Avocats Francophones et Germanophones). El Artículo 2.7 de la norma 29/04/2009, que enmendaba la norma 19/05/2008, exigía que toda la correspondencia electrónica procedente de un abogado estuviera acompañada de una firma digital. La gestión por parte de grandes bufetes de abogados de tal número de certificados digitales puede constituir todo un reto, además de ser una empresa costosa en términos de tiempo y dinero para la organización.

Una vez aprobada la ley, uno de los abogados del bufete se puso en contacto con GlobalSign tras comprobar las ventajas de la solución de gestión de certificados a demanda de ePKI. Tras la adquisición de un paquete de licencias acorde con el tamaño de la organización (50 usuarios) y una vez finalizado el proceso de inspección (que sólo ha de realizarse una vez), el administrador de la cuenta fue capaz de comenzar a emitir certificados individuales instantáneamente.

Gracias a las firmas digitales, los abogados del bufete pudieron cumplir los requisitos legales, garantizar a sus clientes la procedencia y la integridad de sus correos electrónicos y encriptar el contenido de los mismos según fuera necesario, lo que permitió proteger sus comunicaciones contra intromisiones.